Kosovo 'engordó' a presos serbios para traficar con sus riñones

Un informe del Consejo de Europa desvela el espeluznante modo de operar de la red de venta de órganos organizada a finales de los años noventa.- Implicado el actual primer ministro kosovar, Hashim Thaci

ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

París 16/12/2010

A algunos prisioneros serbios, los soldados kosovares de la UCK (Ejército de liberación de Kosovo), los retenían en granjas, en fábricas vacías de Kosovo o de Albania, en casas apartadas; les trataban mediadamente bien: les dejaban dormir, les daban de comer y les permitían descansar. Después, cuando los médicos de las clínicas estaban preparados y la venta apalabraba, los soldados trasladaban a los prisioneros al centro de Albania y les pegaban un tiro en la cabeza. Luego, sus cadáveres eran despojados de los riñones y vendidos al extranjero.

Esta es una parte del espeluznante informe realizado por el ex magistrado suizo y actual parlamentario del Consejo de Europa Dick Marty, hecho público este jueves en París, que relata el horror vivido en esta tierra balcánica en 1999 y 2000, en medio de la guerra entre serbios y albano-kosovares, el caos y las bandas mafiosas reorganizadas como grupos militares unidos por clanes. El informe implica a uno de los cabecillas del UCK, Hashim Thaci, elegido el domingo primer ministro de Kosovo. A juicio de Marty, Thaci era uno de los dirigentes del denominado grupo de Drenica, bautizado así por el valle en el que se asentaba, que participó en este tráfico de órganos. "Thaci era considerado por los informes de los servicios secretos de varios países como el más peligroso de los padrinos del hampa", relata el escrito.

El ex magistrado suizo no especifica cuántos asesinatos se produjeron para comerciar con riñones (la justicia serbia los eleva a 500). En una rueda de prensa, Marty se disculpó asegurando que él, junto a dos ayudantes, ha elaborado un informe a petición del Consejo de Europa, no una investigación judicial, que él no señala culpables ni inocentes pero que muestra el camino por el que, a su juicio, deben investigar otras instancias judiciales.

"Es una de las cosas que saben muchos, pero nadie cuenta"

Durante su estancia en Kosovo, Marty se entrevistó con docenas de testigos directamente implicados: soldados, víctimas de actos violentos, familiares de desaparecidos o de muertos, representantes de instituciones judiciales internacionales, fiscales kosovares, policías, miembros de la Cruz Roja... "En muchos de ellos vi miedo en los ojos", explicó. En el informe, el ex fiscal suizo asegura que todos los testimonios son anónimos porque no se garantiza la seguridad de ninguno.

"En el fondo esto es una de las cosas que mucha gente sabe allí, pero que nadie cuenta", asegura Marty. También la propia estructura de Kosovo y de Albania, imbricada en torno a clanes, dificultaba la investigación: "Muchos mafiosos prefieren pasar decenas de años en la cárcel por obstaculizar a la justicia que denunciar a un miembro de su clan", explica el informe.

El escrito cuenta cómo trasladaban a los prisioneros de un sitio a otro en coches sin matrícula, en medio de un país sumido en el caos, con la policía serbia en retirada y las fuerzas internacionales sin aparecer todavía, librado a la suerte de estos clanes mafiosos reconvertidos en unidades del ejército de liberación. También reseña una siniestra "casa amarilla", en la localidad kosovar de Rripe, propiedad de una tal familia K., objeto ya de varias investigaciones, escenario de asesinatos, destino final de muchos de los prisioneros. También consigna, sin citar el lugar, la existencia de una clínica "de último grito", organizada para el tráfico de órganos, donde a los cadáveres se les extirpaban los riñones.

Según varios testimonios, muchos de los prisioneros sabían que iban a morir asesinados y que sus órganos iban a ser vendidos posteriormente. Mientras les trasladaban de su cárcel improvisada, "habrían implorado a sus carceleros que evitaran quedar cortados en pedazos". Tal vez lo supieran el día en que un médico les hacía un análisis de sangre a fin de llevar a cabo un obligatorio "test de compatibilidad inmunológica".

Marty denunció la impunidad de la que han gozado los autores de todas estas prácticas, producto de la ley del silencio que impera en Kosovo y de la poca voluntad política internacional para que se juzgue a los culpables, ya que, a su juicio, las grandes potencias conocían la existencia de estas atrocidades. Kosovo, independiente desde 2008, asegura que las acusaciones son completamente infundadas. Estados Unidos, por su parte, reclama pruebas. Marty dijo: "Las pruebas están ahí: sólo hay que ir a buscarlas. Pero por nuestra parte, hemos cumplido, sacando a la luz unos hechos". El informe fue aprobado en comisión parlamentaria por el Consejo de Europa.

Consumismo, sueldos bajos

SAMI NAÏR 18/12/2010

La interpretación de la crisis que vivimos está todavía por hacer. En unos decenios, cuando se haya superado el actual ciclo catastrófico, los historiadores no se olvidarán de constatar la opacidad que habrá existido entre las condiciones que han vuelto posible la crisis y las explicaciones que sus contemporáneos habrán hecho de ella. Un primer efecto de esta ilusión óptica comienza por otra parte a dejarse percibir. Así, en Europa, no se habla ahora más que de "crisis del euro", de posibles "defectos" por parte de ciertos Estados, como si éstos fueran los responsables de la catástrofe, olvidando ya lo que ha hecho estallar la crisis mundial en el origen de la desestabilización del euro: el ahogo de las hipotecas basura y, más fundamental, del mercado inmobiliario en EE UU.

Esta inversión extraordinaria proviene por supuesto de la posición de fuerza intelectual del global-liberalismo en la propagación de la explicación de la crisis, transmitida en eco por los partidos conservadores y socioliberales un poco en todas partes del mundo. Es verdad que el asunto no está aún terminado, y que nos dirigimos hacia una profundización incontrolable de esta crisis, ya que los remedios propuestos, que tienen la virtud un poco gloriosa de satisfacer a medio plazo a los inversores, la agravan en realidad a largo plazo.

Las causas de esta crisis acabarán, sin embargo, por salir a la luz del día, pero hará falta la distancia histórica que permita ver el ciclo largo, en el sentido del economista estadounidense Leontief. Estas causas son de ahora en adelante perceptibles; son múltiples y no obedecen al principio de causalidad directo y simple. Son en bucle, en feedback: actúan sobre los efectos que provocan, haciendo que los mismos efectos actúen retroactivamente sobre esas mismas causas.

Explicación: los unos sostienen que lo que está en el origen de la crisis son solo los préstamos hipotecarios; los otros, que, en Europa, es un defecto de flexibilidad del euro, que no ha sabido adaptarse a las fluctuaciones de coyuntura provocadas por la crisis; otros todavía incriminan la circulación descontrolada de capitales, los paraísos fiscales, la ausencia de transparencia que envuelve la actividad de los actores financieros, el papel de los grandes bancos que están a punto de quebrar pero que no podemos dejar que caigan en quiebra, las estadísticas truncadas de los Estados cogidos en falta, el papel hegemónico y más que egoísta de los gobiernos más poderosos de la zona euro, el sistema monetario internacional enteramente dominado por el G-2 (la alianza de facto entre el dólar y el yuan chino); en fin, el liberalismo desbocado preconizado por la OMC en el sistema de los intercambios comerciales mundiales, que, al poner a competir a unos países con sistemas sociales diferentes, destruyen los logros sociales de los más desarrollados. Podríamos hacer una lista más larga aún de causas y efectos.

Todas estas explicaciones tienen un gran contenido de verdad; tomadas aisladamente o en su conjunto, son esclarecedoras de la extrema complejidad de la situación. Sin embargo, ¿estamos seguros de que es esto lo que aparecerá como el motor de esta crisis?

Arriesguemos aquí una hipótesis, que los futuros analistas demostrarán o invalidarán. La causalidad en feedback de la crisis es en realidad la pareja contradictoria que se ha establecido, desde el principio de esta globalización liberal, en torno a los años ochenta del siglo XX, entre la extensión de producción infinita de mercancías a bajo precio, que exigía el desarrollo igualmente infinito del consumo, y el recorte salarial en todas partes para producir estas mismas mercancías y para luchar contra la inflación. En líneas generales: un movimiento mundial de alza del consumo y de deflación global de los salarios bajos y medios.

¿Pero cómo pagar todo lo que es ofrecido con unos salarios bajos? La respuesta es simple: con el crédito, la deuda. Es por eso que estos últimos 30 años han sido los de uno de los más apabullantes endeudamientos de la historia del capitalismo. Los países de la Unión Europea en dificultades lo saben mejor que nadie: la deuda privada en España es hoy en día una de las más importantes en Europa; el enriquecimiento hipotecario de los hogares españoles ha resultado ser una cuerda de estrangulamiento.

Y si la deflación salarial y el sobreconsumo están en el origen profundo de la crisis, el endeudamiento es el opio. Para detener la catástrofe económica actual, habría pues que consumir menos y aumentar más los salarios. Pero los mercados no quieren y los Estados son impotentes. ¿Hasta que la calle se haga oír con brutalidad?

 

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La cultura sin cultura

Los males que acucian hoy a la cultura universal son el consumismo, su conversión en mercancía. El poder de la inteligencia ha sido sustituido por el de los medios de comunicación. Todo es espectáculo.

CÉSAR ANTONIO MOLINA

Cuando se acaba de leer La cultura-mundo, de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (Anagrama 2010, traducción de Promoteo-Moya), la desazón es terrible. Y lo es no por lo que se cuenta, ya sabido, sino por la constatación documental y fehaciente de los males que acucian hoy a la cultura. No a la cultura de uno u otro país, sino a la cultura universal invadida por la industria y el consumismo y cada vez más ajena a su función secular de explicar y entender el mundo. Una cultura sometida a los gustos del público y destinada al éxito inmediato, al consumo como una mercancía más. El lector transformado en consumidor mientras, el creador, el escritor o el artista, en simple productor de servicios.

El desencanto de la vida intelectual es cada vez mayor, se nos dice. El valor de la cultura ha sufrido en las últimas décadas una depreciación irrecuperable, los grandes maestros han desaparecido (Foucault ya lo avisó), las grandes obras están solo en el pasado y un amplio sector de la vida intelectual se ha entregado al funcionariado universitario y a la comercialización. Hoy en día, la pérdida del peso que tenían las obras literarias, artísticas o filosóficas en la esfera pública es una triste realidad.

El poder de la inteligencia ha sido sustituido por el poder de los medios de comunicación que fabrican más celebridades que los círculos de eruditos e intelectuales. Celebridades que opinan desde su incultura como si fueran sabios. Hoy se escucha más a un cantante, a un deportista, o a una estrella del star-system que a un intelectual. Así lo explican los autores, Lipovetsky y Serroy: "Desacralización del mundo de las ideas, eclipse de los guías del espíritu humano, desaparición del poder intelectual". El consumidor no ha gozado jamás de tanta libertad y tanta oferta para consumir productos efímeros, y si antes la cultura proporcionaba conocimientos imperecederos, hoy día la "incertidumbre" y la "desorientación" son los sentimientos que invaden nuestro mundo democrático en una transformación de dimensiones jamás sospechadas: familia, identidad sexual, educación, moda, tecnologías, alimentación.

La cultura humanista está hoy abandonada por jóvenes entregados al becerro de oro de las redes de comunicación. Cualquier respuesta la obtienen -o creen obtenerla- allí, en el poder cada vez mayor de la información sobre el conocimiento. O, si se prefiere, en el poder cada vez mayor de la economía sobre la cultura. Las industrias de lo imaginario, del entretenimiento, se alzan sobre los valores del espíritu, la meditación, la reflexión. Lo útil sobre lo inútil. La cultura se convierte en industria, en la forma de un complejo mediático-comercial que es el motor del crecimiento de las naciones desarrolladas.

Las exportaciones de la industria cinematográfica, audiovisual, editorial, los beneficios derivados de la enseñanza de las grandes lenguas, producen hoy tantos ingresos como cualquier otra industria. Y esos beneficios también conllevan mutaciones en la cultura. Al prestigio se le opone la rentabilidad; a la reflexión, la facilidad. El peso económico en la cultura la distorsiona, la infantiliza, la empobrece. El mundo hipermoderno, tal como lo estudian estos dos autores, está organizado alrededor de cuatro polos estructuradores que configuran la fisonomía de los nuevos tiempos: hipercapitalismo, hipertecnificación, hiperindividualismo y el hiperconsumo. Es decir, la fuerza motriz de la globalización económica, la universalización técnica, la respuesta del individuo frente a la masificación y universalización y, finalmente, el hedonismo comercial como felicidad.

En medio de esta cultura sin fronteras se alza la sociedad universal de consumidores, cada vez más anónimos, más satisfechos, más alienados. La cultura va perdiendo batallas y también la política. De ello se deriva el escepticismo y desconfianza hacia los políticos, el descenso de la militancia y la confusión de las identidades ideológicas. Internet es un peligro para el vínculo social, añaden los autores de La cultura-mundo, en la medida en que, en el ciberespacio, los individuos se comunican continuamente, pero se ven cada vez menos. En esta era digital los individuos llevan una vida abstracta e informatizada, en vez de tener experiencias juntos quedan enclaustrados por las nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, mientras el cuerpo deja de ser el asidero real de la vida, se forma un universo descorporeizado, desensualizado, desrealizado: el de las pantallas y los contactos informáticos. Lipovetsky y Serroy, por cierto, con dos años de anticipación, resumían perfectamente la espeluznante película de David Fincher La red social, basada en la invención de Facebook, un fenómeno social tan revolucionario como inquietante.

Fue la Escuela de Fráncfort la primera que habló, hace más de medio siglo, de industria cultural, refiriéndose a la reproducibilidad de las obras de arte destinadas a un mercado de mayor consumo. Adorno y Horkheimer ya nos previnieron de los males de la cultura masificada, aunque no se imaginaron los extremos sin retorno a los que llegaríamos. Aquella alarma se ha convertido hoy en una gran amenaza y, cada vez más, la cultura revolucionaria de creación que desprecia el mercado está siendo devorada inmisericorde por la cultura industrial, menos exigente, más accesible, menos elitista, más divertida, evasiva y conformista.

En una civilización así, ¿qué queda de los ideales humanistas sobre los que se levantó la cultura occidental? ¿Qué clase de ser humano producirá esta nueva civilización? El homo sapiens se ha transformado en pantalicus, absorbido por la televisión, por las pantallas de los ordenadores. El mundo existe por las imágenes que aparecen en la pantalla y los individuos lo conocen tal como se deja ver. La televisión cambia el mundo: el mundo político, la publicidad, el ocio, el mundo de la cultura. Hoy no existe más que lo que se ve en televisión, lo que ve la masa, lo que todos comparten. Es el triunfo de la sociedad de la imagen y sus poderes.

Frente a la oralidad, frente a la escritura, frente al pensamiento, la imagen aparece como un tótem absoluto. Y, mientras tanto, los escritores, los intelectuales, los artistas negociando sus derechos de autor a través de los agentes -exactamente como en la industria del espectáculo- y empujándose para estar en las listas de los más vendidos, que ya no son por fuerza los mejores. Un libro vendido equivale a un votante. Éxito, superventas, récords, firmas masivas: lo que no se vende ya no puede ser bueno. Las obras de arte acaban en las subastas, en el mercado más escandaloso, vulgar. Todo es ya espectáculo. Los museos-espectáculo, elevados al rango de objeto turístico de masas, semejan tan solo hipermercados apenas más refinados. Los museos, antes lugares de recogimiento, son hoy espacios para el bullicio y el aturdido turismo cultural. Las obras de los museos no se contemplan, se consumen. Hay un dato interesante aportado en La cultura-mundo: según una encuesta, un visitante medio pasa entre 15 y 40 segundos mirando El rapto de las sabinas de David; entre cinco y nueve segundos, La gran odalisca de Ingres. ¿Cuántos ante Las meninas o El Guernica? Y ante esa visión relámpago ¿qué conocimiento obtendrán? Sin embargo, los museos hoy solo son relevantes por el merchandising adquirido en sus tiendas.

¿Cómo salvarnos? Estoy absolutamente de acuerdo con la solución que dan los dos filósofos: solo la educación está a la altura del problema. Pero escuela y universidad no funcionan. ¿Es aún una tarea posible? La cultura, como valor espiritual, según aprendimos de Valéry, está en vías de extinción, destronada por la industria, el consumo y la mal llamada cultura mediática. Hoy, la lectura, y lo sé por mi propia experiencia docente, no está entre las preferencias de los estudiantes, si bien en el ordenador no paran caóticamente de leer y escribir. El mismo desinterés cunde en otras actividades culturales antaño masivas: teatro, cine, conciertos de música clásica y recitales. Como Lipovetsky y Serroy comentan, el capitalismo y el placer consumista han derribado a la cultura literaria y artística del pedestal en que estaba: en ese espectro ambiental "lo insignificante tiene ya valor cultural" y las jerarquías que no hace mucho distinguían la cultura noble de la cultura de masas han desaparecido. Este es el mar de las tinieblas en que navegamos. Siempre habrá náufragos que mantengan la memoria del origen, siempre alguien se librará y cuando eso suceda, la verdadera cultura permanecerá como tabla de salvación. El libro de Lipovetsky y Serroy es una llamada de atención desesperada, una muestra nada exagerada de que nuestra civilización sufre una crisis de valores de grandes proporciones.

 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/cultura/cultura/elpepiopi/20101125elpepiopi_12

La visita del Inquisidor de la Fe

JUAN JOSÉ TAMAYO - Secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII y autor de En la frontera. Cristianismo y laicidad (Editorial Popular, 2010).

Cuenta el teólogo José María Díez-Alegría en su libro Teología en broma y en serio, ilustrado con las inconfundibles viñetas de Peridis (Desclée de Brouwer, Bilbao, 1975), que Pío XII ordenó hacer excavaciones arqueológicas debajo del altar mayor de la basílica de San Pedro en el Vaticano para comprobar si se encontraba allí el sepulcro del apóstol Pedro. Lo que descubrieron los arqueólogos fueron cinco altares colocados uno debajo de otro y más abajo el sepulcro de Pedro en un huequecito excavado en el suelo y cubierto con unas tejas. Era, dice, "un sepulcro de esclavo, sin monumento alguno, situado en la parte de la necrópolis destinada a los extranjeros. Casi la fosa común". Pero estaba vacío y no había rastro alguno de Pedro. ¿Qué había sucedido? Con su agudo sentido del humor, Díez-Alegría avanzaba la hipótesis siguiente: cuando le pusieron cinco altares uno encima de otro y una inmensa cúpula, Pedro se sintió incómodo y se marchó.

¿Hipótesis descabellada la de Díez-Alegría? Quizá no tanto. Algo parecido había intuido ya Rafael Alberti en el poema Basílica de San Pedro, recogido en su libro Roma, peligro de caminantes, referido a una estatua de bronce, situada a la derecha de la nave central del Vaticano, que representa a Pedro con un pie ligeramente adelantado, cuyo metal está muy desgastado de tanto besarle los pies los visitantes de la basílica. He aquí el poema: "Di, Jesucristo, ¿por qué / me besan tanto los pies? / Soy San Pedro aquí sentado, / en bronce inmovilizado, / no puedo mirar de lado / ni pegar un puntapié, / pues tengo los pies gastados, / como ves. / Haz un milagro, Señor. / Déjame bajar al río, / volver a ser pescador, que es lo mío".

La anécdota de Díez-Alegría y el poema de Alberti muestran la degradación que ha sufrido el papado a lo largo de su historia. Benedicto XVI, el Papa que visita ahora Santiago de Compostela y Barcelona, nada tiene en común con Simón Pedro, el pescador del lago de Tiberíades. Tampoco sigue las rigurosas recomendaciones de Jesús de Nazaret a los apóstoles: "No cojáis nada para el camino: ni bastón , ni alforja, ni pan ni dinero, ni llevéis cada uno dos túnicas

[propio de gente acomodada]. Quedaos en la casa en que os alojéis

[no ser exigentes en cuanto al alojamiento] hasta que os vayáis de aquel lugar. Y en caso de que no os reciban, sacudíos el polvo de los pies. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes" (Lucas 9, 3-6). Pues bien, el viaje del Papa costará a los contribuyentes españoles 200.000 euros por hora, ¡qué contrasentido!

Benedicto XVI llega a España en su doble función de máxima autoridad religiosa del mundo católico y de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Su elección fue obra de 114 "príncipes de la Iglesia", sin consulta ni participación de la comunidad cristiana, lo que limita sobremanera su capacidad para representar a todos los católicos. Benedicto XVI ejerce su autoridad religiosa antidemocráticamente y la jefatura de Estado de la Ciudad del Vaticano con un poder absoluto superior al de los faraones egipcios, los emperadores romanos y los califas del Imperio Otomano. Así lo reconoce la Ley Fundamental (Constitución) del Vaticano, que sustituye a la de 1929 y entró en vigor en febrero de 2001, siendo el cardenal Ratzinger presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se establece que "el Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, posee la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial", y que tiene "en exclusiva la facultad de conceder amnistías, indultos y perdones".

Yo creo que el Vaticano como Estado y el autoritarismo papal son dos de los factores que más han contribuido al fracaso del cristianismo en su historia y que más escándalo generan entre los no creyentes, pero también entre no pocos cristianos evangélicos. Además, están en abierta oposición al Evangelio, que acusa a los jefes de las naciones de dominar al pueblo e imponer su autoridad (Marcos 10, 42-45), al tiempo que alejan, más que acercan, de la fe en Jesús de Nazaret. La desaparición del Vaticano es condición necesaria para la recuperación de la credibilidad de la Iglesia en el mundo actual.

Conforme a su doble condición, Benedicto XVI se reunirá con las máximas autoridades religiosas de la Iglesia española -cardenales, arzobispos y obispos- y las máximas autoridades políticas -reyes, presidente del Gobierno, etcétera- que lo recibirán con honores de jefe de Estado y participarán en los actos religiosos en lugares destacados, creando así una confusión de planos que nos retrotrae a épocas pasadas de nuestra historia.

Esas reuniones le servirán al Papa para ratificar los privilegios de los que goza la Iglesia católica: económicos, sociales, fiscales, jurídicos, educativos, sanitarios, militares, y para seguir dirigiendo la agenda religiosa del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se comprometió con Benedicto XVI a demorar -¿ad kalendas graecas?- la presentación a las Cortes de la nueva Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, que no es del agrado del Papa ni de los obispos españoles. De nuevo, el poder político rendido a la autoridad religiosa.

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Amar la duda

MANUEL CRUZ - Catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona y premio Espasa de Ensayo 2010 por su libro Amo, luego existo. Los filósofos y el amor.

Al ignorante, por su condición de tal, todo debería sorprenderle y, sin embargo, nada parece venirle de nuevas. Pensaba en esta sencilla idea hace algún tiempo, mientras veía distraídamente un programa de la televisión pública catalana dedicado a las novedades semanales de la cartelera cinematográfica de Barcelona. Tras informar de una película (juraría que sobre vampiros) dirigida primordialmente al público adolescente, el programa incluía un reportaje realizado a la salida del cine en el que se proyectaba el filme en cuestión. Las opiniones que, en caliente, manifestaban los espectadores no llamaron mi atención hasta que terminé por darme cuenta de algo que tendía a repetirse, y que me desconcertó levemente. Los espectadores de mediana edad eran proclives a destacar de lo que acababan de ver los aspectos que habían encontrado diferentes o nuevos. Los más jóvenes, en cambio, no paraban de repetir -con un cierto aire de suficiencia, no exenta de un rictus de ligero fastidio (ya saben: elevación del labio superior por uno de sus extremos)- la expresión "lo típico", para resaltar el escaso impacto que les había causado la película.

Descartada la hipótesis de que todos aquellos jóvenes fueran rematados cinéfilos con un profundo conocimiento de la historia del séptimo arte (hipótesis que debería complementarse con la de que los adultos habían sido seleccionados por su entusiasta ignorancia acerca del mismo asunto), la pregunta que de forma casi inevitable parecía surgir era la del origen de lo que daba toda la impresión de ser una tenaz resistencia por parte de los adolescentes entrevistados a dejarse sorprender. Resistencia que parecía contradecir el tópico de la infatigable curiosidad como rasgo constitutivo de las edades más tempranas, de igual modo que pone en cuestión el que considera el resabio escéptico como la determinación más característica de la madurez.

Confieso que me entristeció la imagen de aquellos jóvenes empeñados en mostrarse como si estuvieran de vuelta de todo. Quizá hubieran mudado su actitud de saber que un joven resabiado es lo más parecido a un anciano que apenas hubiera vivido, que tuviera un pasado perfectamente vacío, y que, sin embargo, no dejara de apelar a la autoridad de la experiencia acumulada a sus espaldas. Pero vivir significa tener una determinada relación con lo que nos va ocurriendo, y eso no es algo que nos venga dado, con lo que podamos contar de antemano: necesitamos la colaboración de quienes nos precedieron en el uso del pensamiento y de la vida, y que tuvieron la generosidad de dejarnos el regalo del destilado teórico de su experiencia. Y, es curioso, casi todos, desde Sócrates, coincidieron en algo: la pasión teórica es la chispa que salta cuando entran en contacto la conciencia de nuestra oceánica ignorancia y nuestra inagotable curiosidad. Con otras palabras: la desesperada avidez por entender lo que nos pasa constituye, sin duda, uno de los mejores legados que les podemos dejar a las generaciones futuras.

Todo lo contrario, como fácilmente se deja ver, de ese modelo de joven modelado con la forma de lo existente, diseñado para enfundarse en lo real como en una segunda piel (ya saben: eficiente y eficaz, rentable, competitivo, ambicioso, seguro de sí mismo, etcétera.), que al gunos parecen empeñados en intentar producir. Perfectamente insustancial e irreprochablemente adaptativo.

¿Son estas las personas que podrían mejorar lo que ahora hay? Se equivocan nuestros responsables políticos (tanto nacionales como autonómicos, por descontado) y todos aquellos que tienen poder para tomar decisiones acerca de lo que deben saber y cómo deben ser quienes hereden nuestro mundo si piensan semejante cosa. Así solo conseguirán niños-viejos como los aludidos al principio: tan satisfechos consigo mismos como incapaces del menor estupor, de la más mínima perplejidad.

Pero si tales responsables aspiran a algo diferente, si conservan algo de aquel anhelo de transformación que antaño declaraban que constituía el norte de sus vidas -y que ahora, cuando son invitados a echar la vista atrás, evocan como el motivo fundamental de su dedicación a la política- lo tienen muy fácil: lean filosofía y promuevan su lectura entre los jóvenes. Por un motivo bien sencillo: no van a encontrar gente tan sólidamente ignorante como los filósofos. Por eso son de fiar.

Obsérvese que intento no reincidir en la retórica, tan cara a muchos de mis colegas, según la cual constituimos algo parecido al último baluarte del pensamiento crítico occidental ante la ofensiva homogeneizadora del mundo globalizado y la imparable banalización de la sociedad de consumo. Hace mucho que recelo de las enfáticas proclamas a favor de la capacidad del discurso filosófico para impugnar la totalidad de lo existente, sobre todo cuando las escucho en boca de según quienes, tan poco implicados hasta el presente en transformaciones radicales de ningún tipo.

Me conformaría con que los filósofos fuéramos capaces de difundir actitudes más favorables hacia el pensamiento, hacia la reflexión, o hacia la duda sin más. Y que lo hiciéramos movidos por la clara conciencia de que es mucho lo que se encuentra en juego en esta batalla.

Nadie se llame a engaño respecto al signo de las afirmaciones precedentes. No hay en ellas sombra alguna de corporativismo, ni, menos aún, de esa específica variante de deformación profesional que es la querencia por lo especulativo como un fin en sí mismo. Horkheimer, en su momento, nos advirtió de una inquietante posibilidad que ha terminado por tornarse en amenazante peligro o, tal vez peor, en cruda descripción del lugar en el que estamos. Escribió esta sencilla máxima: "El desprecio por la teoría es el inicio del cinismo en la práctica".

Los llamados a decidir me admitirán el consejo: presten menos atención a asesores que les reafirmen sistemáticamente en sus convicciones y escuchen más a quienes tienen dudas. Seguro que aprenderán de ellos, entre otras cosas porque no hay otra manera de aprender.

De lo contrario, corren el peligro de terminar como los adolescentes de la anécdota inicial y acabar repitiendo "ah, lo típico" respecto a todo lo que les venga de nuevas. Sin entusiasmo ni curiosidad alguna. Y, en esas condiciones, ni entenderán el presente ni podrán ayudar a construir un futuro que merezca la pena ser vivido.

 

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Barbarie con rostro humano

La oleada de rechazo del inmigrante en Europa es hoy la principal amenaza para su legado cristiano. El miedo al extranjero empieza a impregnar también el antaño tolerante multiculturalismo liberal.

SLAVOJ ZIZEK - Filósofo esloveno. Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

 

La reciente expulsión de Francia de los gitanos residentes en su territorio en situación ilegal, a los que se ha deportado a Rumanía, su país de origen, ha suscitado muchas protestas en toda Europa, en medios progresistas y también entre importantes políticos, y no solo de izquierdas. Sin embargo, las expulsiones no se han detenido, y constituyen además la punta de un enorme iceberg que se alza dentro de la política europea. Hace un mes, un libro de Thilo Sarrazin, un directivo de banca considerado políticamente cercano a los socialdemócratas, causó escándalo en Alemania al plantear la tesis de que la nación alemana estaba amenazada por la presencia de demasiados inmigrantes a los que se permitía mantener su identidad cultural. Aunque el libro fue unánimemente censurado, su tremendo impacto pone de relieve que al gran público le dio donde le duele. Incidentes como estos han de evaluarse en el marco de una reorganización a largo plazo del espacio político en Europa occidental y oriental.

Hasta hace poco, el espacio político de los países europeos estaba dominado por dos grandes formaciones que se dirigían al conjunto del cuerpo electoral, es decir, por un partido de centro-derecha (cristianodemócrata, liberal-conservador, popular...) y por otro de centro-izquierda (socialista o socialdemócrata), a los que se añadían pequeñas formaciones (ecologistas o comunistas). En el Oeste tanto como en el Este, los últimos resultados electorales apuntan a la paulatina aparición de otra polaridad. Hay un partido centrista predominante que defiende el capitalismo global, generalmente con un programa cultural liberal (tolerancia hacia el aborto, los derechos de los homosexuales, las minorías religiosas y étnicas, etcétera). A ese partido se opone cada vez con más fuerza alguna formación populista contraria a la inmigración que, en sus márgenes, va acompañada de grupos neofascistas abiertamente racistas. El caso más paradigmático es el de Polonia: tras la desaparición de los ex comunistas, las principales formaciones políticas son el partido liberal, centrista y "antiideológico" del primer ministro Donald Tusk y el partido cristiano conservador de los hermanos Kaczynski. Hay tendencias similares en Holanda, Noruega, Suecia, Hungría... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Tras décadas de Estado del bienestar -o de su promesa-, cuando los recortes financieros se limitaban a breves periodos y se aplicaban prometiendo que las cosas pronto volverían a la normalidad, entramos ahora en una nueva época en la que la crisis, o más bien cierto estado de emergencia económica que precisa de toda clase de medidas de austeridad, es permanente, se convierte en una constante, en pura y simplemente una forma de vida. Después de la desintegración de los regímenes comunistas en 1990, entramos en una nueva era en la que la forma predominante de ejercicio del poder estatal se ha convertido en una despolitizada administración técnica que se dedica a coordinar los intereses.

La única manera de introducir pasión en ese ámbito, de movilizar realmente a la gente, es mediante el miedo: a los inmigrantes, a la delincuencia, a la impía depravación sexual, al exceso de Estado (que abruma con unos impuestos y un control excesivos), a la catástrofe ecológica y, también, al acoso (la corrección política es el caso paradigmático de la política del miedo liberal). Esa forma de hacer política siempre se basa en la manipulación de un ochlos paranoico, en la aterradora concentración de hombres y mujeres atemorizados. Esta es la razón de que el gran acontecimiento de la primera década del nuevo milenio fuera la entrada en la ortodoxia política del discurso contra la inmigración, que cortó por fin el cordón umbilical que lo unía a partidos marginales de extrema derecha. Desde Austria hasta Holanda, pasando por Francia o Alemania, y en virtud del nuevo orgullo que suscita la propia identidad cultural e histórica, los principales partidos ahora descubren que es aceptable insistir en la condición de invitados de unos inmigrantes que deben adaptarse a los valores culturales que definen la sociedad de acogida: "Es nuestro país, si no lo quieres, te vas". Es imprescindible señalar hasta qué punto la tolerancia progresista liberal comparte ciertas premisas fundamentales con esta actitud: su exigencia de respeto y de apertura hacia la otredad (étnica, religiosa o sexual), tiene su contrapunto en el miedo obsesivo al acoso. El Otro está bien siempre que su presencia no sea molesta, siempre que no sea realmente un Otro... En realidad, mi deber de tolerancia para con el otro significa que no debo acercarme demasiado a él, meterme en su espacio. En la sociedad capitalista tardía el derecho humano que va tornándose más esencial es el derecho a no ser acosado: a mantenerse a distancia prudencial de los demás.

No es extraño que el tema de los seres tóxicos haya ganado terreno últimamente. Aunque el concepto procede de la psicología de divulgación y nos previene contra los vampiros emocionales que andan por ahí al acecho, ahora está yendo mucho más allá de las relaciones interpersonales inmediatas: el calificativo tóxico alude a propiedades pertenecientes a niveles (naturales, culturales, psicológicos, políticos) totalmente distintos. Un ser tóxico puede ser un inmigrante con una enfermedad mortal al que hay que poner en cuarentena; un terrorista cuyos mortíferos planes deben evitarse y al que se debe encerrar en Guantánamo, esa zona vacía ajena al imperio de la ley; un ideólogo fundamentalista al que hay que silenciar porque difunde el odio; un padre, madre, profesor o sacerdote que abusa de los niños y los corrompe. Lo tóxico es el propio vecino extranjero, el abismo que hay, por ejemplo, en sus placeres o creencias. De manera que el objetivo final de cualquiera de las normas que rigen las relaciones personales es poner en cuarentena o por lo menos neutralizar y contener esa dimensión tóxica, reducir al vecino a la condición de prójimo.

En el mercado actual encontramos una amplia gama de productos carentes de su componente nocivo: café sin cafeína, nata sin grasa, cerveza sin alcohol... ¿Qué decir del sexo virtual, que es sexo sin sexo; de la doctrina de guerra sin víctimas (en nuestro bando, claro) de Colin Powell, que es una guerra sin guerra; de la redefinición actual de la política como arte de la administración técnica, que es una política sin política? Todo ello nos conduce al tolerante multiculturalismo liberal, que es una experiencia del Otro privado de su otredad: un Otro descafeinado que practica danzas fascinantes y que aborda la realidad desde un enfoque holístico ecológicamente sensato, mientras rasgos como el maltrato a la esposa quedan fuera de cámara.

Quien mejor planteó, allá por 1938, el mecanismo que activa esa neutralización fue Robert Brasillach, el intelectual fascista francés condenado y fusilado en 1945, que, considerándose un antisemita "moderado", inventó la fórmula del "antisemitismo razonable": "Nos permitimos aplaudir en el cine a Charlie Chaplin, un medio judío; admirar a Proust, un medio judío, y aplaudir a Yehudi Menuhin, un judío. Y la voz de Hitler viaja por las ondas radiofónicas a continuación del nombre del judío Hertz. (...) No queremos matar a nadie, no queremos organizar ningún pogromo. Pero también pensamos que la mejor manera de obstaculizar las siempre impredecibles acciones del antisemitismo instintivo es organizar un antisemitismo razonable".

¿Acaso no está presente esta misma actitud en la forma que tienen nuestros Gobiernos de abordar la "amenaza de la inmigración"? Después de rechazar con superioridad moral el descarado racismo populista tachándolo de "poco razonable" y de inaceptable para nuestras normas democráticas, avalan "razonablemente" medidas de protección racistas... o, como brasillachs de hoy en día, algunos de ellos incluso socialdemócratas, nos dicen: "Nos permitimos aplaudir a deportistas africanos y de Europa del Este, a doctores asiáticos o a programadores informáticos indios. No queremos matar a nadie, no queremos organizar ningún pogromo, pero también pensamos que la mejor manera de obstaculizar las siempre impredecibles y violentas medidas defensivas que suscita la inmigración es organizar una protección razonable frente a los inmigrantes".

Esta concepción de la desintoxicación del vecino supone un paso claro de la barbarie directa a la barbarie con rostro humano. Plasma un retroceso que va desde el amor cristiano al vecino a la práctica pagana de privilegiar a la propia tribu frente al Otro bárbaro. La idea, aunque se envuelva en la defensa de los valores cristianos, constituye en sí misma la principal amenaza para el legado cristiano.

 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Barbarie/rostro/humano/elpepuopi/20101023elpepiopi_10/Tes

Gitanos: los otros europeos

NAVI PILLAY - Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Si se aplica el dicho popular "No hay mal que por bien no venga" al escándalo creado por el tratamiento recibido por las personas de etnia gitana en Francia y otros lugares, se podría deducir que la ya vieja cuestión de la flagrante discriminación contra los gitanos/roma debería haber sido captada ahora por todos los radares europeos, e incluso fuera de Europa.

Cuando el ruido y la furia de hoy se desvanezcan, las condiciones atroces de esta minoría marginalizada deben permanecer como foco de atención. Estas condiciones deben ser consideradas en el contexto apropiado, que es el de los derechos humanos como principios directores de las políticas públicas y de las acciones dirigidas a adoptar medidas correctivas.

Hoy en día, a pesar de los esfuerzos por parte de algunos Estados europeos y organizaciones internacionales y regionales, el sentir contra las personas de etnia gitana continúa siendo fuerte en Europa. Estos prejuicios podrían incluso aumentar como resultado de la recesión económica que ha obligado a muchas personas de esta etnia a abandonar sus comunidades de origen en busca de nuevas y mejores oportunidades de trabajo. Como resultado, han aumentado también las prácticas discriminatorias y la violencia.

Por ejemplo, hay noticias sobre ataques mortales contra gitanos/roma en Hungría y en Eslovaquia o incluso documentos explícitamente discriminatorios, incluida la reciente circular que se filtró del Ministerio del Interior de Francia ordenando el desalojo de los campos de grupos de personas de etnia gitana con carácter prioritario.

En este contexto, el Comité de las Naciones Unidas que sigue la puesta en práctica de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación Racial (CERD en sus siglas en inglés) ha señalado que, si bien con matices, los desalojos forzados, así como los obstáculos al acceso a una vivienda adecuada y la segregación de gitanos/roma, tienen también lugar en otros países incluidos Bulgaria, la República Checa, Grecia, Italia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia.

En algunos países, las personas de etnia gitana tienen un acceso limitado a los servicios de salud y a otros servicios públicos, porque no tienen documentos de identidad. Según el CERD, los problemas para este grupo son extensos en el área de educación e incluyen, por ejemplo, la segregación en clases separadas o su sobrerrepresentación en colegios para niños con dificultades en el aprendizaje.

En los últimos años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que varios Gobiernos, incluidos dos de la Unión Europea (la República Checa y Grecia), violaban las obligaciones legales.

Un estudio reciente de Unicef señala que los niños y niñas de esta etnia, que estaban razonablemente integrados en los colegios de Alemania, han sido enviados a un ambiente de lengua albanesa que les es totalmenteextraño y donde tienen pocas, o ninguna, oportunidades para asistir al colegio.

Teniendo en cuenta este escenario, no debería sorprender a nadie que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE estimara que las personas de etnia gitana se enfrenten a los más altos niveles de discriminación dentro de la Unión Europea.

La marginalización y la estigmatización contra estas personas se inflaman a menudo con retórica incendiaria por parte de fuerzas que buscan la ventaja política, avivando el fuego de la desconfianza. Esta es una de las cuestiones que suscité durante mi visita a los campos de asentamiento de personas de etnia gitana, tanto legales como ilegales, en Italia. Allí, como en muchos otros sitios, abogo repetidamente por la necesidad de integrar mejor a las personas de etnia gitana dentro de la sociedad en general, tanto en sus países de origen como en los países de destino. Un primer paso hacia la integración es proporcionar acceso a la educación y a otros servicios básicos, tales como la sanidad, la vivienda adecuada y el saneamiento, así como oportunidades laborales. Todos ellos son derechos humanos, plenamente reconocidos como tales por la normativa vigente. Los niños y las niñas de etnia gitana, sus padres y madres, y otros representantes de la comunidad nos lo dicen claramente durante nuestras conversaciones.

Soy consciente de que algunas tradiciones gitanas pueden estar reñidas con las del resto de la sociedad, y algunas representan violaciones inaceptables de los derechos humanos, como es el caso de los matrimonios forzados o el trabajo infantil. También soy consciente de que, viviendo en los márgenes de la sociedad, algunas personas de etnia gitana han optado por el delito -generalmente de orden menor-, lo que crea una fricción comprensible. Pero estas cuestiones exigen un escrutinio individual, caso por caso, no una condena indiscriminada de toda una población; requieren la misma respuesta que se aplica a todos los abusadores y delincuentes y no medidas ejemplares o draconianas que transpiran estigmatización y castigo colectivo de una minoría.

Para dar respuesta a estos problemas ya se han llevado a cabo esfuerzos serios en el plano nacional y por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por ejemplo, la Comisión Europea ha intentado lanzar políticas de integración a través de la Plataforma de la Unión Europea para la Inclusión de los Roma-Gitanos y la adopción de los Principios Comunes Básicos para la Inclusión de los Roma-Gitanos en el 2009. Y en las Naciones Unidas, en abril de 2009, en la Conferencia de Revisión de Durban (contra el racismo), 182 Estados miembros de las Naciones Unidas prometieron adoptar medidas para erradicar la discriminación contra las personas de etnia gitana y otras minorías, así como proporcionarles remedios contra la discriminación y protección especial.

Todavía hay mucho por hacer. Con el apoyo decisivo de la Comisión Europea y el Parlamento, así como el de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus 27 Estados miembros tienen ahora una oportunidad para cambiar de actitud con respecto a las personas de etnia gitana, pasando de la reacción a la acción. Se debe acudir a las buenas prácticas y a las normas de derechos humanos y ponerlas en práctica a lo largo y ancho de toda la Unión, asegurando que todas las personas de la etnia gitana viven una vida digna en una de las regiones más prósperas del mundo, una región que es también la suya.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Gitanos/otros/europeos/elpepuopi/20101022elpepiopi_4/Tes

Maria Rita Kehl - repassando o texto que a levou a ser demitida pelo Estadão, seguido de entrevista ao Terra Magazine

DOIS PESOS…

por Maria Rita Kehl, no Estadão, via Vermelho

Este jornal teve uma atitude que considero digna: explicitou aos leitores que apoia o candidato Serra na presente eleição. Fica assim mais honesta a discussão que se faz em suas páginas. O debate eleitoral que nos conduzirá às urnas amanhã está acirrado. Eleitores se declaram exaustos e desiludidos com o vale-tudo que marcou a disputa pela Presidência da República. As campanhas, transformadas em espetáculo televisivo, não convencem mais ninguém. Apesar disso, alguma coisa importante está em jogo este ano. Parece até que temos luta de classes no Brasil: esta que muitos acreditam ter sido soterrada pelos últimos tijolos do Muro de Berlim. Na TV a briga é maquiada, mas na internet o jogo é duro.

Se o povão das chamadas classes D e E – os que vivem nos grotões perdidos do interior do Brasil – tivesse acesso à internet, talvez se revoltasse contra as inúmeras correntes de mensagens que desqualificam seus votos. O argumento já é familiar ao leitor: os votos dos pobres a favor da continuidade das políticas sociais implantadas durante oito anos de governo Lula não valem tanto quanto os nossos. Não são expressão consciente de vontade política. Teriam sido comprados ao preço do que parte da oposição chama de bolsa-esmola.

Uma dessas correntes chegou à minha caixa postal vinda de diversos destinatários. Reproduzia a denúncia feita por “uma prima” do autor, residente em Fortaleza. A denunciante, indignada com a indolência dos trabalhadores não qualificados de sua cidade, queixava-se de que ninguém mais queria ocupar a vaga de porteiro do prédio onde mora. Os candidatos naturais ao emprego preferiam viver na moleza, com o dinheiro da Bolsa-Família. Ora, essa. A que ponto chegamos. Não se fazem mais pés de chinelo como antigamente. Onde foram parar os verdadeiros humildes de quem o patronato cordial tanto gostava, capazes de trabalhar bem mais que as oito horas regulamentares por uma miséria? Sim, porque é curioso que ninguém tenha questionado o valor do salário oferecido pelo condomínio da capital cearense. A troca do emprego pela Bolsa-Família só seria vantajosa para os supostos espertalhões, preguiçosos e aproveitadores se o salário oferecido fosse inconstitucional: mais baixo do que metade do mínimo. R$ 200 é o valor máximo a que chega a soma de todos os benefícios do governo para quem tem mais de três filhos, com a condição de mantê-los na escola.

Outra denúncia indignada que corre pela internet é a de que na cidade do interior do Piauí onde vivem os parentes da empregada de algum paulistano, todos os moradores vivem do dinheiro dos programas do governo. Se for verdade, é estarrecedor imaginar do que viviam antes disso. Passava-se fome, na certa, como no assustador Garapa, filme de José Padilha. Passava-se fome todos os dias. Continuam pobres as famílias abaixo da classe C que hoje recebem a bolsa, somada ao dinheirinho de alguma aposentadoria. Só que agora comem. Alguns já conseguem até produzir e vender para outros que também começaram a comprar o que comer. O economista Paul Singer informa que, nas cidades pequenas, essa pouca entrada de dinheiro tem um efeito surpreendente sobre a economia local. A Bolsa-Família, acreditem se quiserem, proporciona as condições de consumo capazes de gerar empregos. O voto da turma da “esmolinha” é político e revela consciência de classe recém-adquirida.

O Brasil mudou nesse ponto. Mas ao contrário do que pensam os indignados da internet, mudou para melhor. Se até pouco tempo alguns empregadores costumavam contratar, por menos de um salário mínimo, pessoas sem alternativa de trabalho e sem consciência de seus direitos, hoje não é tão fácil encontrar quem aceite trabalhar nessas condições. Vale mais tentar a vida a partir da Bolsa-Família, que apesar de modesta, reduziu de 12% para 4,8% a faixa de população em estado de pobreza extrema. Será que o leitor paulistano tem ideia de quanto é preciso ser pobre, para sair dessa faixa por uma diferença de R$ 200? Quando o Estado começa a garantir alguns direitos mínimos à população, esta se politiza e passa a exigir que eles sejam cumpridos. Um amigo chamou esse efeito de “acumulação primitiva de democracia”.

Mas parece que o voto dessa gente ainda desperta o argumento de que os brasileiros, como na inesquecível observação de Pelé, não estão preparados para votar. Nem todos, é claro. Depois do segundo turno de 2006, o sociólogo Hélio Jaguaribe escreveu que os 60% de brasileiros que votaram em Lula teriam levado em conta apenas seus próprios interesses, enquanto os outros 40% de supostos eleitores instruídos pensavam nos interesses do País. Jaguaribe só não explicou como foi possível que o Brasil, dirigido pela elite instruída que se preocupava com os interesses de todos, tenha chegado ao terceiro milênio contando com 60% de sua população tão inculta a ponto de seu voto ser desqualificado como pouco republicano.

Agora que os mais pobres conseguiram levantar a cabeça acima da linha da mendicância e da dependência das relações de favor que sempre caracterizaram as políticas locais pelo interior do País, dizem que votar em causa própria não vale. Quando, pela primeira vez, os sem-cidadania conquistaram direitos mínimos que desejam preservar pela via democrática, parte dos cidadãos que se consideram classe A vem a público desqualificar a seriedade de seus votos.

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/maria-rita-kehl-dois-pesos.html

Maria Rita Kehl denuncia que foi demitida do Estadão por um ‘delito’ de opinião

Quinta, 7 de outubro de 2010, 11h25 Atualizada às 11h41

Maria Rita Kehl: “Fui demitida por um ‘delito’ de opinião”

Bob Fernandes, no Terra Magazine, dica do leitor Fernando

A psicanalista Maria Rita Kehl foi demitida pelo Jornal O Estado de S. Paulo depois de ter escrito, no último sábado (2), artigo sobre a “desqualificação” dos votos dos pobres. O texto, intitulado “Dois pesos…”, gerou grande repercussão na internet e mídias sociais nos últimos dias.

Nesta quinta-feira (7), ela falou a Terra Magazine sobre as consequências do seu artigo e o motivo de sua demissão:

- Fui demitida pelo jornal o Estado de S. Paulo pelo que consideraram um “delito” de opinião (…) Como é que um jornal que anuncia estar sob censura, pode demitir alguém só porque a opinião da pessoa é diferente da sua?

Leia abaixo a entrevista.

Terra Magazine – Maria Rita, você escreveu um artigo no jornal O Estado de S.Paulo que levou a uma grande polêmica, em especial na internet, nas mídias sociais nos últimos dias. Em resumo, sobre a desqualificação dos votos dos pobres. Ao que se diz, o artigo teria provocado conseqüências para você…

Maria Rita Kehl – E provocou, sim…

- Quais?

- Fui demitida pelo jornal O Estado de S.Paulo pelo que consideraram um “delito” de opinião.

- Quando?

- Fui comunicada ontem (quarta-feira, 6).

- E por qual motivo?

- O argumento é que eles estavam examinando o comportamento, as reações ao que escrevi e escrevia, e que, por causa da repercussão (na internet), a situação se tornou intolerável, insustentável, não me lembro bem que expressão usaram.

- Você chegou a argumentar algo?

- Eu disse que a repercussão mostrava, revelava que, se tinha quem não gostasse do que escrevo, tinha também quem goste. Se tem leitores que são desfavoráveis, tem leitores que são a favor, o que é bom, saudável…

- Que sentimento fica para você?

- É tudo tão absurdo…a imprensa que reclama, que alega ter o governo intenções de censura, de autoritarismo…

- Você concorda com essa tese?

- Não, acho que o presidente Lula e seus ministros cometem um erro estratégico quando criticam, quando se queixam da imprensa, da mídia, um erro porque isso, nesse ambiente eleitoral pode soar autoritário, mas eu não conheço nenhuma medida, nenhuma ação concreta, nunca ouvi falar de nenhuma ação concreta para cercear a imprensa. Não me refiro a debates, frases soltas, falo em ação concreta, concretizada. Não conheço nenhuma, e, por outro lado…

- …Por outro lado…?

- Por outro lado a imprensa que tem seus interesses econômicos, partidários, demite alguém, demite a mim, pelo que considera um “delito” de opinião. Acho absurdo, não concordo, que o dono do Maranhão (Senador José Sarney) consiga impor a medida que impôs ao jornal Estado de S.Paulo, mas como pode esse mesmo jornal demitir alguém apenas porque expos uma opinião? Como é que um jornal que está, que anuncia estar sob censura, pode demitir alguém só porque a opinião da pessoa é diferente da sua?

- Você imagina que isso tenha algo a ver com as eleições?

- Acho que sim. Isso se agravou com a eleição pois, pelo que eles me alegam agora, já havia descontentamento com minhas análises, minhas opiniões políticas.

http://www.viomundo.com.br/politica/maria-rita-kehl-demitida-por-um-delito-de-opiniao.html

Una ocupación militar moralmente insostenible

MIKHAEL MANEKIN - Codirector de Rompiendo el Silencio, una organización de veteranos israelíes dedicada a la concienciación acerca de las realidades de la ocupación militar en Cisjordania y Gaza. También es teniente de infantería en la reserva. Traducción del inglés de Juan Ramón Azaola.

En los últimos meses estamos siendo testigos de una nueva y preocupante tendencia política en mi país, Israel. Por primera vez, altos cargos del Gobierno, y en particular el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, están justificando abiertamente una prolongada ocupación militar del pueblo palestino y declarando que la independencia de Palestina no es una opción para las próximas décadas. La ocupación ya no se da a conocer como una estructura de control temporal, destinada a dar paso a un marco de funcionamiento de dos Estados, sino más bien como un permanente estado de cosas en el país. De acuerdo con este punto de vista, cualquier propuesta para poner fin al dominio militar es un sueño utópico y toda crítica internacional es percibida como condescendiente y desconectada de las realidades de Oriente Próximo. Aunque hay quienes han sospechado desde hace tiempo que ese era el punto de vista de algunos de nuestros líderes, hasta ahora nunca se había declarado tan abiertamente y sin reserva alguna por parte de dirigentes elegidos.

Cuando yo servía como soldado en el Ejército israelí, y también cuando servía como oficial de combate responsable de la formación de cadetes, se nos decía algo muy diferente. La agresión militar tenía que ser el último recurso. Esta teoría de la guerra justa estaba en la base de nuestro código ético, y de hecho es el fundamento del nombre Fuerzas de Defensa Israelíes. La guerra no tenía que ser el statu quo, sino un último recurso. La importancia de la agresión como una última opción, y en ella incluyo el dominio militar sobre un pueblo vecino, no es algo sin fundamento. Nuestra independencia como Estado no es solo física sino también moral. Creemos que nuestra independencia es justa. Por lo tanto, de ello no puede seguirse ni lógica ni moralmente que nuestra independencia se cumpla permanentemente a expensas de los pueblos que nos rodean. Considerar nuestra presencia en la región como la de un animal en una jungla, que necesita (¿o quiere?) aplastar permanentemente a sus oponentes para poder sobrevivir, no solo es una visión pesimista de la vida, sino también una visión inmoral.

Los resultados de las ocupaciones militares son muy reales y muy problemáticos. Rompiendo el Silencio, la organización de veteranos a la que pertenezco, ha estado documentando esos resultados, recogidos por combatientes veteranos que sirvieron en los territorios ocupados. La constante presencia de un ocupante militar extranjero tiene que llevar a la larga al constante abuso del ocupado y a la violación de muchos de sus derechos básicos. Como demuestran nuestros testimonios una y otra vez, así es imposible gobernar de un modo limpio y benévolo.

Comprender eso es crucial, primordialmente para la sociedad israelí. El dominio militar sobre el pueblo palestino no es fruto de una decisión multilateral tomada por israelíes y palestinos, sino por mi sociedad en solitario, por razones que varían entre la necesidad de seguridad y el mesianismo religioso. Por lo tanto, corresponde solamente a la sociedad israelí decidir en última instancia si esa forma de gobernanza es moralmente aceptable. La decisión tiene menos que ver con la paz y más con las políticas que nos permitamos emprender como sociedad. Tiene que ver con nuestros límites morales y con el reconocimiento de las justas aspiraciones de nuestro Estado.

Rompiendo el Silencio no es una organización pacifista. Reconocemos que las guerras se producen y que los Estados tienen el derecho de defenderse. De hecho, nosotros mismos nos hemos arriesgado en la defensa de las fronteras de nuestro país. Sin embargo, guerras y ocupaciones militares, si se juzgan necesarias, tienen que librarse con el objetivo inmediato de finalizarlas y con la búsqueda de la independencia y la igualdad para las partes. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Lieberman, además de otros, hacen declaraciones justificando el dominio militar, ello no solo debilita la independencia del ocupado sino la justificación moral de la independencia del ocupante.

Las voces de los israelíes que creen de verdad en la democracia y en la igualdad tienen que decir bien alto y de manera inequívoca que el dominio militar indefinido sobre el pueblo palestino es insostenible desde una perspectiva moral. Es nuestro deber como israelíes dar a conocer nuestra postura de que los puntos de vista de Lieberman no expresan los nuestros o los de muchos otros israelíes.

 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/ocupacion/militar/moralmente/insostenible/elpepuopi/20101014elpepiopi_5/Tes

A BALANÇA E A ESPADA - FABIO KONDER COMPARATO

Tradicionalmente, a deusa greco-romana da justiça é representada pela figura de uma mulher, portando em uma mão a balança e na outra a espada. A simbologia é clara: nos processos judiciais, o órgão julgador deve sopesar criteriosamente as razões das partes em litígio antes de proferir a sentença, a qual se impõe a todos, se necessário pelo uso da força.

Entre nós, porém, a realidade judiciária não corresponde a esse modelo consa-grado. Aqui, nas causas que envolvem relações de poder, com raríssimas exceções, os juizes prejulgam os litígios antes de apurar o peso respectivo dos argumentos contradi-toriamente apresentados; e assim procedem, frequentemente, sob a pressão, explícita ou mal disfarçada, dos que detêm o poder político ou econômico. A verdade incômoda é que, entre nós, a balança da Justiça está amiúde a serviço da espada, e esta é empunhada por personagens que não revestem a toga judiciária.

O julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 153, concluido pelo Supremo Tribunal Federal em 30 de abril de 2010, constitui um dos me-lhores exemplos dessa triste realidade.

O fundamentos da petição inicial

Na peça inicial da demanda, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao tribunal que interpretasse os dispositivos da Lei nº 6.683, de 1979, à luz dos preceitos fundamentais da Constituição Federal. Arguiu que a expressão “crimes conexos”, acoplada à de “crimes políticos”, não podia aplicar-se aos delitos comuns praticados por agentes públicos e seus cúmplices, contra os opositores ao regime militar. E isto, pela boa e simples razão de que a conexão criminal pressupõe uma comunhão de objetivos ou propósitos entre os autores das diversas práticas delituosas, e que ninguém em sã consciência poderia sustentar que os agentes, militares e civis, que defendiam o regime político então em vigor, atuassem em harmonia com os que o combatiam.

Arguiu, demais disso, que ainda que se admitisse ser a conexão criminal cabível entre pessoas que agiram umas contra as outras – o que é simples regra de competência no processo penal, e não uma norma de direito penal substancial (Código de Processo Penal, art. 76, I, in fine) –, essa hipótese seria de todo excluida no caso, pois os autores de crimes políticos, durante o regime militar, agiram contra a ordem política e não pes-soalmente contra os agentes públicos que os torturaram e mataram.

Arguiu, finalmente, a OAB que, mesmo que dita lei fosse interpretada como havendo anistiado os torturadores de presos políticos durante aquele período, ela teria sido revogada, de pleno direito, com o advento da Constituição Federal de 1988, cujo art. 5º, inciso XLIII, considerou expressamente a tortura um crime inafiançável e insus-cetível de graça e anistia.

As razões do acórdão

A essas razões de pedir, a maioria vencedora no tribunal respondeu de duas maneiras.

O relator invocou a noção germânica de “lei-provimento” (Massnahmegesetz), pretextando que a anistia teria surtido efeitos imediatos e irreversíveis. Das duas, uma: ou aquele julgador desconhece o sentido do conceito técnico por ele invocado; ou tem perfeita ciência do que significa a expressão, e resolveu utilizá-la unicamente para impressionar a platéia.

Há muito a ciência jurídica estabeleceu a distinção entre lei e provimento administrativo (em alemão, Verwaltungsmassnahme); a primeira geral e abstrata, o se-gundo concreto e específico. Foi com base nessa distinção tradicional que Ernst Fortshoff, após a Segunda Guerra Mundial, impressionado pelo crescimento do poder normativo das autoridades governamentais, máxime na implementação do Plano Marshall de reconstrução da Europa, passou a denominar Massnahmegesetze normas com forma de lei, mas de conteúdo idêntico ao de provimentos administrativos. Por exemplo, a lei que determina a construção de uma barragem, ou que fixa um termo final para os trabalhos de modernização de ferrovias.

O deprimente em toda essa estória é que o Ministro relator, ao mesmo tempo em que, na esteira da Procuradoria-Geral da República, considerou enfaticamente que a anistia dos crimes cometidos pelos agentes públicos contra oponentes políticos fora um “acordo histórico”, sustentou que ele nada mais seria, afinal, do que um simples provimento administrativo.

De qualquer modo, pretender que a Lei nº 6.683 teve efeitos imediatos e irreversíveis constitui grosseiro sofisma, por dois singelos motivos. Em primeiro lugar, porque a premissa maior do silogismo já é a sua conclusão (vício lógico denominado petição de princípio); ou seja, a possibilidade de se reconhecer a conexão criminal entre delitos praticados com objetivos ou propósitos contraditórios. Em segundo lugar, porque, ao assim se exprimir, o magistrado demonstrou ignorar o fato óbvio de que os alegados efeitos imediatos de uma lei de anistia não podem estender-se a crimes continuados (como o de ocultação de cadáver), cujos autores permanecem no anonimato.

A segunda via de refutação das razões apresentadas na petição inicial foi também trilhada pelo relator, neste ponto pressurosamente acompanhado pela ministra que o sucedeu na ordem de votação. Entendeu, assim, o relator de desconsiderar o teor literal do pedido formulado na petição inicial, para sustentar que a demanda não objetivava uma interpretação da Lei nº 6.683, mas sim a sua revisão; o que só o Poder Legislativo tem competência para fazer.

É fartamente conhecida a distinção, de que o relator do acórdão usa e abusa, entre norma e texto normativo. Como o hábito do cachimbo deixa a boca torta, Sua Excelência resolveu aplicar o discrime à própria petição inicial da demanda. A arguente, afirmou ele, posto haver pedido literalmente ao Tribunal que interpretasse a Lei nº 6.683, de 1979, à luz dos preceitos fundamentais Constituição Federal de 1988, objetivou, na verdade, alcançar com a demanda uma alteração legislativa substancial. Que se saiba, em nenhum país do mundo incluiu-se na competência jurisdicional a faculdade de psicanalisar as partes demandantes, a fim de descobrir, por trás de suas declarações em juizo, intenções recalcadas no subconsciente. Teríamos admitido isso entre nós por meio de alguma Massnahmegesetz secreta?

O realmente curioso é que nenhum dos julgadores tenha se lembrado de que, quase um ano antes, dia por dia, ou seja, em 29 de abril de 2009, o mesmo tribunal decidira que a Constituição Federal havia revogado de pleno direito a lei de imprensa de 1967, promulgada doze anos antes da lei de anistia. Nesse outro julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou interpretar a lei à luz dos preceitos fundamentais da Constituição Federal. Dois pesos e duas medidas para a mesma balança?

Tudo isso, sem falarmos no fato – gravíssimo – de que a decisão proferida pela nossa mais alta Corte de Justiça, ao julgar a ADPF nº 153, violou abertamente preceitos fundamentais do direito internacional.

Ressalte-se, em primeiro lugar, que o assassínio, a tortura e o estupro de presos, quando praticados sistematicamente por agentes estatais contra oponentes políticos, são considerados, desde o término da Segunda Guerra Mundial, crimes contra a humanidade; o que significa que o legislador nacional é incompetente para determinar, em relação a eles, quer a anistia, quer a prescrição.

Com efeito, o Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 1945, definiu como crimes contra a humanidade, em seu art. 6, alínea c, os seguintes atos: “o assassínio, o extermínio, a redução à condição de escravo, a deportação e todo ato desumano, cometido contra a população civil antes ou depois da guerra, bem como as perseguições por motivos políticos e religiosos, quando tais atos ou perseguições, constituindo ou não uma violação do direito in-terno do país em que foram perpetrados, tenham sido cometidos em conse-quência de todo e qualquer crime sujeito à competência do tribunal, ou conexo com esse crime.”

Essa definição foi depois reproduzida no Estatuto do Tribunal Militar de Tóquio de 1946, que julgou os criminosos de guerra japoneses.

Em 3 de fevereiro e 11 de dezembro de 1946, a Assembléia Geral das Nações Unidas, pelas Resoluções nº 3 e 95 (I), confirmou “os princípios de direito internacional reconhecidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg e pelo acórdão desse tribunal”.

Em 26 de novembro de 1968, a Assembléia Geral das Nações Unidas, pela Re-solução nº 2.391 (XXIII), aprovou o texto de uma Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, ainda que tais delitos não sejam tipificados pelas leis internas dos Estados onde foram perpetrados.

O Estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998, por sua vez, definiu, em seu art. 7º, dez tipos de crimes contra a humanidade, e acrescentou ao elenco uma modalidade genérica: “outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental”. Estabeleceu como condição de punibilidade que tais atos criminosos sejam cometidos “no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque”; o que bem corresponde ao regime político repressivo vigente entre nós entre 1964 e 1985.

Desse conjunto normativo decorre a definição de crime contra a humanidade como o ato delituoso em que à vítima é negada a condição de ser humano. Nesse sentido, com efeito, indiretamente ofendida pelo crime é toda a humanidade. Eis porque, como dito acima, ao legislador nacional carece toda competência para regular, nessa matéria, a anistia ou a prescrição.

Repita-se que a Assembléia Geral das Nações Unidas, nas duas citadas Resoluções de 1946, considerou que a conceituação tipológica dos crimes contra a humanidade representa um princípio de direito internacional.

Ora, os princípios, como assinalado pela doutrina contemporânea, situam-se no mais elevado grau do sistema normativo. Eles podem, por isso mesmo, deixar de ser expressos em textos de direito positivo, como as Constituições, as leis ou os tratados internacionais. Quem ignora, afinal, que o primeiro princípio historicamente afirmado do direito constitucional, a saber, a competência do Judiciário para declarar a inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos, foi consagrado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Marbury v. Madison (1803), não obstante o completo silêncio a esse respeito da Constituição norte-americana?

A razão desse regime jurídico diverso é que a fonte dos princípios, sobretudo em matéria de direitos humanos, não reside na lei positiva ou na convenção internacional, mas na consciência ética da humanidade. É por isso que a Constituição Federal de 1988 reconheceu que os direitos e garantias nela expressos “não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados” (art. 5º, 2º).

No plano do direito internacional, por fim, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, em seu art. 53, veio dar à noção de princípio geral de direito, sob a denominação de norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens), uma noção precisa, que se aplica cabalmente à repressão dos crimes contra a humanidade: É nulo o tratado que, no momento de sua conclusão, conflita com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por nova norma de direito internacional geral da mesma natureza.

Não foi apenas essa, porém, a violação praticada pelo Supremo Tribunal Federal contra os preceitos fundamentais de direitos humanos, reconhecidos internacionalmente.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em reiteradas decisões, já fixou jurisprudência no sentido da nulidade absoluta das leis de auto-anistia. Será preciso lembrar, nesta altura da evolução jurídica, que em um Estado de Direito os governantes não podem isentar-se, a si próprios e a seus colaboradores, de responsabilidade alguma por delitos que tenham praticado?

Pois bem, diante da invocação desse princípio irrefutável, o Ministro relator e outro Ministro que o acompanhou afirmaram que a Lei nº 6.683, de 1979, não se inclui nessa proibição categórica, pois ela teria configurado uma anistia bilateral de governantes e governados. Ou seja, segundo essa preciosa interpretação, torturadores e torturados, em uma espécie de contrato de intercâmbio (do ut des), teriam resolvido anistiar-se reciprocamente…
Na verdade, essas surpreendentes declarações de voto casaram-se com a principal razão apresentada, não só pelo grupo vencedor, mas também pela Procuradoria-Geral da República, para considerar legítima e honesta a anistia de assassinos, torturadores e estupradores de oponentes políticos durante o regime militar: ela teria sido fruto de um “histórico” acordo político.
Frise-se, desde logo, a repugnante imoralidade de um pacto dessa natureza: o respeito mais elementar à dignidade humana impede que a impunidade dos autores de crimes hediondos ou contra a humanidade seja objeto de negociação pelos próprios interessados. O relator, citando Hartmann (evidentemente em alemão), não encontrou melhor argumento para responder a essa objeção do que afirmar que a propositura da demanda representara a ocorrência de uma “tirania dos valores”! É de se perguntar se Sua Excelência julga a ela preferível o deboche ético e institucional do regime político da época.
Seja como for, o propalado “acordo histórico” de anistia dos crimes atrozes praticados pelos agentes da repressão não passou de uma rasteira conciliação oligárquica, na linha de nossa mais longeva tradição. Senão, vejamos.
Qualquer pacto ou acordo supõe a existência de partes legitimadas a conclui-lo. Se havia à época, de um lado, chefes militares detentores do poder supremo, quem estaria do outro lado? Certamente não a oposição parlamentar, pois o projeto de lei de anis-tia foi aprovado na Câmara dos Deputados (onde não havia parlamentares “biônicos”, como no Senado) por apenas 5 (cinco) votos: 206 a 201. Pergunta-se: as vítimas ainda vivas e os familiares de mortos pela repressão militar foram, porventura, chamados a negociar esse acordo? O povo brasileiro, como titular da soberania, foi convocado a referendá-lo?
O mais escandaloso de toda essa farsa de acordo político é que, após a promulgação da Lei nº 6.683, em 28 de agosto de 1979, os militares continuaram a desenvolver impunemente sua atividade terrorista. Em 1980, registraram-se no país 23 (vinte e três) atentados a bomba, entre os quais o que vitimou, na sede do Conselho Federal da OAB, a secretária da presidência, Dª Lyda Monteiro da Silva. Em 1981, houve mais 10 (dez) atentados, notadamente o do Riocentro, cujos responsáveis, ambos oficiais do Exército, foram considerados, no inquérito policial militar aberto em consequência, vítimas e não autores! E – pasme o leitor – tal inquérito foi arquivado pela Justiça Militar com fundamento na própria Lei nº 6.683, cujo art. 1º fixou, como termo final do lapso temporal da anistia, a data de 15 de agosto de 1979.
Tais fatos estarrecedores assinalam mais uma escandalosa contradição na leitura feita pelo tribunal dessa mesma lei.

É que o § 2º do seu art. 1º excetuou “dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”. Ou seja, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, o terrorismo, o sequestro e o atentado pessoal são ações criminosas, tão-só quando praticadas por adversários do regime militar, não quando cometidos pelos agentes públicos da repressão. E não se venha justificar essa afirmação escandalosa, com o argumento literal de que nenhum destes últimos foi condenado por tais crimes, pois durante todo o regime inaugurado pelo golpe de Estado de 1964, todos, absolutamente todos os governantes e seus sequazes, tanto civis quanto militares, gozaram da mais completa irresponsabilidade. Eles pairavam acima das leis e das “constituições”, que eles próprios redigiam e promulgavam.
Em suma, como salientou Napoleão – não o grande general francês, mas o ditador suino de Animal Farm, de George Orwell –, em nosso querido país “todos são iguais perante a lei; alguns, porém, são mais iguais do que os outros”.

Lições de um triste veredicto.

Em matéria de regimes políticos, é preciso separar o substantivo do adjetivo. A oligarquia e a democracia pertencem à primeira categoria, o Estado de Direito à segunda.
Em certa passagem de seu tratado sobre a política (1298 a, 1-4), Aristóteles ob-serva que toda politéia, ou seja, aquilo que poderíamos denominar Constituição substancial, deve regular três questões fundamentais: 1) quem é titular do poder supremo (kýrion), com competência para deliberar sobre o bem comum de todos (peri tôn koinôn): 2) quem pode exercer a função de governante (arkhôn) e qual a sua competência; 3) quem deve assumir o poder de julgar (ti to dikázon).
Dessas três questões fundamentais destacadas pelo filósofo, as duas primeiras pertencem ao plano substantivo, a última ao adjetivo. Com efeito, qualquer que seja o regime político – que se define justamente pela titularidade da soberania e a forma de governo –, pode ou não haver a submissão do soberano e dos governantes à ordem jurídica. Hoje, é comum presumir-se que toda democracia é um Estado de Direito. Esquecemo-nos, ao assim pensar, que a democracia ateniense, não raras vezes, descambou para a “okhlocracia” (de okhlos, ralé, populacho), onde a maioria pobre, logo após a tomada do poder, não hesitava em exilar, confiscar e, no limite, exterminar a minoria rica.
Ora, a função constitucional do Judiciário, desde sempre, consiste em ser ele o garante máximo da submissão de todos os titulares de poder – inclusive o próprio soberano! – ao império do Direito. Por isso mesmo, juizes e tribunais, segundo a boa concepção da república romana, não têm propriamente poder (potestas, imperium). Montesquieu, no famoso capítulo 6 do livro XI de O Espírito das Leis, após descrever a arquitetura constitucional tripartida da Inglaterra, anotou: “des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle”.
Faltou, porém, dizer que se o Judiciário não tem propriamente poder – no sentido de dispor legitimamente de força própria –, ele deve possuir aquela qualidade política eminente, que os romanos denominavam auctoritas; vale dizer, o prestígio moral que dignifica uma pessoa ou uma instituição, suscitando a confiança e o respeito no seio do povo.
Sucede que neste “florão da América” o Judiciário nunca gozou da confiança popular. Em 2007, uma pesquisa de opinião pública realizada por CNT/Sensus sobre o grau de confiança das diferentes instituições, públicas ou privadas, em nosso país, revelou que apenas 9,5% dos entrevistados confiavam na Justiça. Juizes e tribunais só estavam acima dos governos (5%), da polícia (3,4%) e do Congresso Nacional (1,1%). Naquele mesmo ano, a Associação de Magistrados Brasileiros divulgou outra pesquisa, realizada segundo critérios diversos pela Opinião Consultoria. De acordo com esse último levantamento de opinião pública, o Poder Judiciário gozaria da confiança de menos da metade da população brasileira, ou, mais exatamente, 41,8%.
Ora, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o âmbito dos efeitos da lei de anistia de 1979, além de em nada contribuir para minorar essa desconfiança popular nos órgãos da Justiça, representou certamente um golpe profundo no grau de credibilidade do Judiciário brasileiro no plano internacional, em matéria de direitos humanos.
Com efeito, de todos os paises sul-americanos, o Brasil é hoje o único que se recusa a levantar a total impunidade de governantes e seus subordinados, pelos crimes violentos praticados durante o período de regime político autoritário. Em estudo recente, Anthony W. Pereira mostrou como essa situação escandalosa, quando comparada com as severas condenações judiciais sofridas na Argentina e no Chile pelos governantes – inclusive ex-chefes de Estado! –, durante o regime de exceção, tem sua causa na infamante colaboração que entre nós se estabeleceu, no mesmo período, entre a magistratura e os chefes militares. Naqueles paises, a Justiça foi posta de lado pelos militares em sua ação repressiva. Aqui, a competência da Justiça Militar foi ampliada, para abarcar os crimes contra a ordem pública e a segurança nacional, ainda que cometidos por civis. Suspenderam-se o habeas-corpus e as garantias da magistratura, e três Ministros do Supremo Tribunal Federal foram afastados pelo então chefe de Estado. Mas o Judiciário continuou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Estávamos numa “democracia à brasileira”, como disse o general que prendeu o grande advogado Sobral Pinto. Ao que este retrucou dizendo que só conhecia “peru à brasileira”.
Para que possamos, portanto, instaurar neste país um verdadeiro Estado de Direito, impõe-se realizar, o quanto antes, uma reforma em profundidade do Poder Judiciário.
Ela deve centrar-se na garantia de completa independência de juizes e tribunais em relação aos demais órgãos do Estado, combinada com a instituição de eficientes controles da atuação do Judiciário, em todos os níveis.
O costume institucional brasileiro, oriundo de uma longa tradição portuguesa, mantém a Justiça sob a influência avassaladora dos governantes. Não foi, pois, surpreendente verificar que, no caso objeto destes comentários, a espada militar interferiu despudoradamente no funcionamento da balança judicial.

Importa, pois, antes de tudo, libertar o Judiciário – e da mesma forma o Ministério Público – da velha hegemonia que sobre eles sempre exerceu o mal chamado Poder Executivo.
É indispensável e urgente eliminar o poder atribuido aos chefes de governo de nomear os integrantes da magistratura nos tribunais. O que se tem visto ultimamente, sobretudo no preenchimento de vagas no Supremo Tribunal Federal, é um prélio acirrado entre dezenas de candidatos à nomeação, disputando as boas graças do chefe do Executivo, sendo certo que a aprovação das indicações presidenciais pelo Senado Federal é mera formalidade. Nessa peleja pessoal, o que menos conta são os princípios éticopolíticos. O principal trunfo de cada candidato consiste em “ser amigo do rei”, ou pelo menos contar com o apoio direto de um dos próximos de sua majestade. Escusa dizer que os assim nomeados ficam sempre submetidos ao poder dominante daquele, graças ao qual passaram a ocupar o alto posto judiciário.
Ainda no campo da necessária independência do Poder Judiciário, impõe-se a eliminação, o quanto antes, da Justiça Militar, em razão de seu caráter essencialmente corporativo. Aliás, durante todo o longo período autoritário, como frisou o autor acima referido, a Justiça castrense colaborou fielmente com os responsáveis pela política de terrorismo de Estado.
Outra nefasta tradição brasileira é a irresponsabilidade de fato dos magistrados. Até a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, os únicos controles de iure, sobre eles existentes, eram exercidos no campo penal dentro do próprio Poder Judiciário, por iniciativa do Ministério Público; e em matéria financeira, pelos Tribunais de Contas. Mas tais controles sempre tiveram uma eficácia muito reduzida.
A referida emenda constitucional, ao criar o Conselho Nacional de Justiça, foi um primeiro passo no sentido de se instaurar um regime de efetiva responsabilização dos magistrados. É preciso agora avançar nesse rumo, por meio de várias providências, a saber: 1) tornar o Conselho um órgão efetivamente externo ao Poder Judiciário; 2) submeter à necessária fiscalização do órgão o próprio Supremo Tribunal Federal, que permanece ainda imune a todo controle; 3) dar ao Conselho poderes de punição severa e exemplar dos magistrados que delinquem (recentemente, como se recorda, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, julgado responsável pela venda de decisões, foi simplesmente aposentado com vencimentos integrais); 4) desdobrar o Conselho em órgãos regionais, de modo a dar-lhe maior capacidade de atuação local.
Tudo isso diz respeito ao controle por assim dizer horizontal. Importa, porém, instituir também uma fiscalização vertical, fazendo com que o próprio povo participe da função de vigilância da atuação do Poder Judiciário. Sem isto, com efeito, a soberania popular tende a ser, nesse particular como em vários outros setores, meramente retórica.
A Constituição do Império de 1824 tinha, a esse respeito, uma disposição avançada, não reproduzida por nenhuma das Cartas Políticas subsequentes. Dispunha o seu art. 157 que “por suborno, peita, peculato e concussão, haverá contra eles (Juizes de Direito) ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida em Lei”. Não se tem notícia do uso efetivo dessa ação popular, mas é inegável que, pelo simples fato de existir, era ela, em si mesma, um instrumento de real pedagogia política. Convém, pois, recriá-la, aperfeiçoando os seus contornos.
Além disso, seria de grande importância instituir ouvidorias populares dos órgãos da Justiça, em todos os níveis, com competência para exigir explicações oficiais sobre a atuação administrativa dos magistrados. O Judiciário tem sido tradicionalmente, aos olhos do povo, o mais hermético de todos os Poderes do Estado. É inútil procurar reduzir a desconfiança dos jurisdicionados em relação aos juizes, se entre uns e outros continuarmos a manter uma linha divisória intransponível.
Toda essa reforma institucional, no entanto, será vã, caso não logremos mudar a mentalidade de nossos magistrados, a qual, sob a aparência de fiel adesão ao princípio republicano e ao ideal democrático, permanece de fato essencialmente oligárquica e subserviente aos “donos do poder”.
Sem dúvida, temos de reconhecer que, ultimamente, algum progresso foi alcançado. Basta lembrar a fundação, há alguns anos, da Associação Juizes para a Democracia, que por sinal ingressou como amica curiae ao lado da OAB, no processo da ADPF nº 153 no Supremo Tribunal Federal. Mas não se há de ignorar que a mudança de mentalidades coletivas só se alcança por força de um trabalho sistemático e prolongado de educação: no caso, especificamente, de educação ética e política, centrada nos direitos humanos.

À guisa de conclusão

“Quem é o juiz do Supremo Tribunal Federal?”, perguntou Rui Barbosa . E respondeu: “Um só é possível reconhecer: a opinião pública, o sentimento nacional”.
Essa respeitável opinião, certamente válida na época em que foi emitida, já não é hoje admissível.
No início do século passado, a opinião pública era formada em grande parte, entre nós, pelas manifestações publicadas na imprensa, que não se achava, então, submetida a poder algum, estatal ou privado. Hoje, porém, o conjunto dos meios de comunicação de massa, ou seja, não apenas a imprensa, mas também o rádio e a televisão, estão sujeitos à dominação de um oligopólio empresarial, que representa um dos maiores sustentáculos do regime oligárquico. Não foi por outra razão que o julgamento pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da lei de anistia de 1979, salvo raras e honrosas exceções, não mereceu nenhuma reprovação no conjunto dos meios de comunicação social.
Mas há ainda outra razão para se recusar o alvitre de Rui Barbosa acima lembrado. A partir da segunda metade do século XX, criou-se um sistema supra-estatal de proteção dos direitos humanos, consubstanciado em tribunais internacionais. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, por exemplo, instituiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com competência para julgar quaisquer casos de violação das suas disposições. O Brasil aderiu formalmente àquela Convenção e acha-se, por conseguinte, submetido à jurisdição da citada Corte.
Temos, pois, hoje, um juiz internacionalmente reconhecido do nosso tribunal supremo. Doravante, o poder da espada já não é capaz de desequilibrar, impunemente, a balança da Justiça.